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La Ley de Cambio Climático y su impacto en el sector de la energía, el transporte y la alimentación

Inmaculada Doménech del Río

Economista

Sobre mi

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Graduado Social Diplomada por la Universidad de Málaga. Master en Dirección y Gestión Bancaria (EADE)

el reto de alcanzar en 2050 la neutralidad climática no solo afecta a unos pocos sino que es una labor de todos, una carrera de fondo que debemos llevar a cabo juntoS y en la que deben participar todos los sectores económicos

04 Nov 2021

6 Min de lectura

La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética incide principalmente en tres sectores relevantes: empresas energéticas y consumo de energía, transporte y alimentación. En el último post de UniBlog, se destacaba que uno de los principales objetivos de esta nueva ley es conseguir una economía descarbonizada.

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el reto de alcanzar en 2050 la neutralidad climática  no solo afecta a  unos pocos sino que es una labor de todos, una carrera de fondo que debemos llevar a cabo juntos y en la que deben participar todos los sectores económicos, al igual que toda la ciudadanía que, en último término, consume y usa los bienes y los servicios.

 

Empresas energéticas y consumo de energía

 

Este sector es el gran protagonista para conseguir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de las energías renovables y la eficiencia energética. El objetivo es alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de un 42%, un sistema eléctrico con un 74% de generación a partir de energías de origen renovable y una mejora de la eficiencia energética, con una disminución del consumo de energía primaria de un 39,5% respecto a la línea de base conforme a la normativa comunitaria.

 

Siguiendo esta línea,se aprueba  una estrategia de descarbonización para el 2050 que establece una senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y un incremento de las absorciones por los sumideros, adoptando acciones de impulso como la digitalización de la economía para lograr el objetivo de incorporar la tecnología digital al sector energético, al sector de la movilidad sostenible, a la economía circular, a la gestión del capital natural, a las redes y ciudades inteligentes y, en general, a las actividades de lucha contra el cambio climático.

 

Dicho lo anterior, y como medidas para alcanzar la neutralidad climática y los compromisos internacionalmente adquiridos,  no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, de permisos de investigación y/o de concesiones de explotación de hidrocarburos. Tampoco se otorgarán las concesiones directas de explotación cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles. Con ello, se pretende fomentar la penetración de los gases renovables, como el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable o permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen animal o vegetal.

 

Sector del transporte

 

Es parte fundamental en el cambio climático y en los planes de descabonización gradual a los que aspiramos. Para ello, la nueva ley procura el suministro de combustibles alternativos en el transporte, con especial énfasis en los biocarburantes avanzados y en otros combustibles renovables de origen no biológico, incluidos los combustibles sintéticos para cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable.

 

En concreto, en referencia al transporte marítimo y puertos, la Ley recoge la necesidad de reducir paulatinamente las emisiones generadas por el consumo de combustibles fósiles para la mejora de la eficiencia energética y de la calidad del aire. Para lograrlo se aplicarán medidas de incentivo económico, se promoverán y ejecutarán proyectos de mejora y se establecerán objetivos de reducción de consumo energético en los puertos.

 

Por otro lado, desde un punto de vista de la promoción de la movilidad sin emisiones, se adoptarán, entre otras, medidas como: un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2, establecimiento de zonas bajas de emisiones, fomento de desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de trasporte activo, mejora y uso de la red de transporte público, movilidad eléctrica privada y compartida y, en general, todas aquellas que originen una movilidad limpia.

 

Por último, destaca  el sector transporte por carretera, que genera un alto porcentaje de emisiones de CO2, concretamente un 25% de las emisiones de gases efecto invernadero de nuestro país, siendo una de las principales barreras para su descarbonización el desarrollo insuficiente de las infraestructuras de recarga eléctrica.

 

En el marco del fomento del uso del de vehículos para combustibles alternativos, se llevarán a cabo medidas para la implantación de una infraestructura para garantizar la interoperabilidad de los puntos de recarga accesibles al público, que conllevará la creación de puntos de recarga para quienes ostente titularidad de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a vehículos. También se establecerán obligaciones para la instalación de puntos de recarga en edificios de nueva construcción y en edificios existentes, incluyendo una instalación mínima en edificios privados de uso distinto al residencial, con el fin de conseguir un transporte más limpio en las ciudades.

 

Sector de la alimentación

 

Las Administraciones Públicas fomentarán la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la seguridad y la dieta alimentarias, con el objeto de incrementar la resiliencia, disminuir la huella de carbono y fomentar una alimentación de calidad.

 

A este sector nos referimos cuando las Administraciones Públicas realicen contratos que tengan por objeto la adquisición de alimentos, pudiéndose establecer condiciones especiales de ejecución en la que primen los alimentos frescos o de temporada y con un ciclo corto de  distribución. También se verán implicados más sectores dentro de la cadena de valor de la producción de los mismos, vinculándose a criterios de contratación que respeten la  lucha contra el cambio climático y prescripciones técnicas que establezcan la reducción de emisiones y de la huella de carbono,  todo ello acorde con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

 

Como conclusión, como hemos expuesto, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aspira a ofrecer las herramientas de aprendizaje y transparencia necesarias para facilitar la transición a una economía descarbonizada,  disminuir la exposición a los riesgos climáticos y establecer las estrategias y objetivos para su mitigación, generando los menores impactos negativos para los sectores afectados. El esfuerzo, como decíamos, no solo corresponde a las empresas y a los Poderes Públicos, sino que los ciudadanos, con la toma de decisiones cotidiana, tendrán la última palabra.

 

 

 

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