Ordenar y facilitar un modelo económico sostenible que nos ayude a mitigar los efectos del cambio climático. Es, sin duda, un reto difícil, pero es el objetivo principal de la nueva Ley de Cambio Climático, en vigor desde el pasado 21 de mayo.

 

Los objetivos declarados de la Ley de Cambio Climático y Transisición Energética (ley  7/2021) son asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, firmado por España el 22 de abril de 2016 y publicado en el BOE el 2 de febrero de 2017, y facilitar la descarbonización de la economía española y su transición a un modelo circular que garantice el uso racional y solidario de los recursos, así como promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades.

 

La nueva ley conforma el marco estratégico en materia de energía y clima junto con:

• El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-30),
• la Estrategia de Transición Justa,
• y, complementariamente, la Estrategia a Largo Plazo de Descarbonización 2050 (ELP 2050) y el Plan Nacional de Adaptación al Clima (PNACC).

 

La neutralidad en las emisiones de gases de efecto invernadero se tratará de conseguir en España antes del año 2050. Para facilitarla se aplicará el principio de no regresión en los objetivos marcados, lo que supone que la normativa, la actividad de las administraciones públicas y la práctica jurisdiccional no pueden implicar una rebaja o un retroceso cuantitativo ni cualitativo respecto de los niveles de protección ambiental existentes en cada momento, salvo situaciones plenamente justificadas basadas en razones de interés público.

 

Esta ley recoge en su objeto, por primera vez, las políticas de adaptación y la necesidad de definir un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático, que facilite un seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como la necesidad de elaborar informes de riesgos. También incluye herramientas de aprendizaje y transparencia obligatorias que ayuden a detectar y evaluar riesgos y oportunidades y mejorar las decisiones de inversión. Por ejemplo: En el reporte no financiero de las empresas cotizadas se incorpora la información relativa al nivel de exposición a riesgos climáticos y de carbono y las estrategias y objetivos para su mitigación.

 

Reducción de emisiones, uso de energías renovables y eficiencia energética

 

El texto de la ley de cambio climático recoge en el Título I (Objetivos y planificación de la transición energética), los objetivos mínimos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética de la economía española para los años 2030 y 2050: las emisiones del conjunto de la economía española en el año 2030 deberán reducirse en, al menos, un 23% respecto al año 1990, y se deberá alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050.

 

Además, en el año 2030 deberá alcanzarse 3 objetivos:

• una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42%,
• un sistema eléctrico con, como mínimo, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable, y
• mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5% con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.
•  

La dotación de los Planes de restauración y energías renovables y eficiencia energética 2019-2023 es de 158,4 millones de euros.

 

Instrumentos para abordar la transición energética

 

La ley de cambio climático recoge como instrumentos de planificación para abordar la transición energética el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 2050 de la Economía Española. El primero debe recoger los objetivos sectoriales y las políticas y medidas para alcanzarlos de los sectores que participan en régimen de comercio de derechos de emisión, las grandes industrias y el sector eléctrico y los sectores difusos (agrario, forestal, transporte, residencial, institucional, comercial y de gases fluorados). El segundo debe establecer una senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de incremento de las absorciones por los sumideros del conjunto de la economía española hasta 2050. Dicha Estrategia será revisable cada cinco años y será aprobada mediante real decreto del Consejo de Ministros.

 

En el marco de la estrategia España Digital 2025 se incluyen acciones como la consistente en abordar estratégicamente los retos y oportunidades que genera la incorporación de la tecnología digital a varios sectores como el energético, la economía circular, y, en general, a las actividades de la lucha contra el cambio climático.

 

Transición a una economía descarbonizada

 

Se afirma en el texto de la ley de cambio climático que la transición a una economía descarbonizada requiere también de medidas que faciliten una transición justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables, entre ellas, las zonas rurales, y que esa transición hacia un modelo productivo más ecológico debe ser motor de creación de empleo de calidad.

 

Este es el motivo por el que la ley crea la Estrategia de Transición Justa: un instrumento de ámbito estatal dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacía una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero, y regula los Convenios de Transición Justa como instrumentos para materializar las actuaciones. El Gobierno aprobará cada cinco años estrategias de transición justa con la participación de las Comunidades Autónomas y de los agentes sociales.

 

Se regula, asimismo, el cese de la producción de carbón nacional. Así, el texto dispone que el otorgamiento de autorizaciones de explotación, permisos, concesiones, prórrogas o cesiones de los recursos de carbón de las unidades de producción inscritas en el Plan de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva en el marco de la Decisión 2010/787/UE, quedará supeditado a la devolución de las ayudas concedidas al amparo de dicha norma y correspondientes a todo el período cubierto por el plan de cierre, lo que será aplicable a las solicitudes de autorizaciones de explotación, permisos o concesiones reguladas por la legislación minera, así como a prórrogas o cesiones en tramitación en el momento de entrada en vigor de la nueva ley.

 

Movilización de recursos, contratación pública y finanzas verdes

 

La ley dispone, con las excepciones establecidas en la misma, que al menos un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado, equivalente al acordado en el marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, tengan impacto positivo en la lucha contra el cambio climático, y que el Gobierno revise al alza, antes del año 2025, este porcentaje. También define el uso de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

 

En materia de contratación pública, prevé la inclusión en los pliegos de contratación de criterios de adjudicación vinculados con la lucha contra el cambio climático y de prescripciones técnicas particulares que establezcan la necesaria reducción de emisiones y de la huella de carbono.

 

También establece un marco para facilitar las inversiones sostenibles. Se recogen las obligaciones de información del sector financiero y las empresas. Se introduce la obligación de presentar un informe de carácter anual, informe que remitirán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores dentro de su informe de gestión, en el que se haga una evaluación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición de su actividad, incluyendo los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos.

 

 A partir del año 2023, las entidades de crédito deben publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión. Se incluye también la obligación de que el operador del sistema eléctrico, el Gestor Técnico del sistema gasista y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) remitan un informe en el que se haga una evaluación de los riesgos y oportunidades asociados a un sistema energético descarbonizado sobre las actividades de la entidad, su estrategia y su planificación financiera.

 

Afirma el texto que con todo ello se da respuesta al interés creciente del sector financiero por las finanzas verdes.

 

Qué conclusiones extraer de la Ley de Cambio Climático

 

El objetivo de las medidas que contempla la ley de cambio climático es el mismo que el de la Agenda 2030: que el paso a una economía climáticamente neutra se haga de forma equitativa y no deje a nadie atrás. Es decir, promoviendo, entre otras medidas, la identificación de colectivos, sectores, empresas y territorios potencialmente vulnerables al proceso de transición a una economía baja en emisiones de carbono.

 

Para ello desde la Comisión Europea, a través del Mecanismo para una Transición Justa (MTJ), se va a movilizar, al menos, entre 65.000 y 75.000 millones de euros durante el período 2021-2027 en las regiones más afectadas, a fin de mitigar el impacto socioeconómico de la transición. Este será un instrumento clave para apoyar a los territorios más afectados por la transición hacia la neutralidad climática, proporcionándoles un apoyo a medida. El Plan no puede ser ejecutado a dos velocidades, de modo que los países dotados de buenas intenciones y recursos acaben haciendo descarrilar a los que solo poseen las primeras. El engranaje para conseguir que la  transformación a la economía verde funcione, para todos, está ya en marcha.

 

Estas medidas se plasman en España en la Estrategia de Transición Justa, aprobada por el Gobierno en 2019, que trata de optimizar las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero e identificar y adoptar medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a las personas trabajadoras y a los territorios en dicha transición. Para aquellas comarcas donde la transición energética y ecológica pueda suponer dificultades para la actividad económica y las empresas, el Gobierno propondrá la firma de un Convenio de Transición Justa.

 

El Gobierno también ha creado recientemente un organismo para pilotar la transición justa en los territorios afectados, el Instituto para la Transición Justa (ITJ), un organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que nace con el objetivo de identificar y adoptar medidas que garanticen un tratamiento "equitativo y solidario" de los trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía baja en carbono y que será responsable de la elaboración e implementación de la Estrategia Española de Transición Justa.

 

Las actividades humanas son ya las responsables de un aumento de las temperaturas globales de aproximadamente 1ºC sobre el nivel preindustrial. Al ritmo actual, el aumento de 1,5ºC se alcanzará entre 2030 y 2052. En el caso de España, este aumento de la temperatura es superior a la media en casi 0,5ºC, estando el Mediterráneo más expuesto que otras zonas del resto del planeta.

 

La ONU ha puesto de manifiesto una diferencia creciente entre la reducción real de emisiones de gases de efecto invernadero y las obligaciones asumidas por los Estados Parte del Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático, por lo que es preciso rectificar la situación actual, para lo que han de implicarse no sólo los Gobiernos, sino también el sector privado y al resto de la sociedad.