Un año más, los agricultores y ganaderos europeos deberán reflejar la realidad de sus explotaciones en la solicitud de las ayudas que les proporciona la Política Agraria Común (PAC), así como su compromiso con la realización de determinadas obligaciones para poder percibir éstas.

En España, serán unos 620.000 los beneficiarios de estos fondos de la PAC, unos 4.800 millones de euros, cuyo plazo de solicitud va del 1 de febrero al 30 de abril, y que comenzarán a recibir sus ingresos a partir de octubre, si el gobierno español solicita su anticipo, o en diciembre.

Este 2024 es el segundo año del nuevo plan plurianual de la nueva PAC, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, y lejos de ser un año continuista de la nueva normativa introducida, se presenta como un ejercicio complicado y conflictivo, ya que a los problemas generados por los nuevos procedimientos de control y verificación implantados, la reducción generalizada de las ayudas recibidas y el retraso en su percepción hay que añadir, además, determinadas obligaciones y compromisos cuyo cumplimiento se suavizó en 2023 con la excusa de la sequía y la guerra de Ucrania y que este año sí que se deben cumplir.

Las protestas de los agricultores y ganaderos no se han hecho esperar y ya están reclamando una flexibilización en la normativa que les permita cumplir sus compromisos y obligaciones sin una excesiva pérdida de rentabilidad y eficiencia de sus explotaciones agrarias. Esta situación puede conllevar a plantear diversas cuestiones como: ¿la situación de sequía y de tensión geopolítica ha cambiado y no es necesario prorrogar la flexibilización otorgada en la PAC de 2023? ¿El problema principal es la sequía y la guerra de Ucrania o las implicaciones de los compromisos y obligaciones de la nueva normativa de la PAC y su complejo procedimiento?

Principales propósitos de la nueva PAC

Parece que los principales propósitos de la nueva PAC a partir de 2023, en la que tiene gran peso una arquitectura verde con condicionantes medioambientales y climáticos ambiciosos, unos pagos directos más restrictivos y la persecución unos objetivos medibles mediante determinados indicadores de resultados, está chocando con la realidad e impidiendo el desarrollo y evolución del sector agrario.

De hecho, el propio Consejo Europeo publicó en noviembre de 2023 un informe sobre el primer año de la aplicación de la PAC donde identificó determinados puntos de mejora como el apoyo a la innovación y digitalización o la gestión de riesgos y resiliencia de las explotaciones agrícolas. Puntos clave para ganar eficiencia, competitividad y conseguir un sector capaz de seguir produciendo alimentos suficientes, de calidad y a precios asumibles por el consumidor y que permitan rentabilidades que puedan asumir los costes actuales de inputs, laborales, medioambientales y burocráticos.

Cuando absolutamente todos los agricultores y ganaderos europeos están reclamando una revisión de las exigencias y la burocracia, independientemente del cultivo que desarrollen, del ganado que críen o del tamaño de su explotación, ¿no habría que replantearse una revisión de la nueva PAC?