Desde un punto de vista económico, el bienestar de las personas se encuentra condicionado por los niveles de renta disponible del hogar en el que viven. Así, las decisiones de consumo y de ahorro dependen de la capacidad de sus miembros para obtener ingresos, tanto a partir de las rentas de mercado (salarios y rentas procedentes de la actividad económica) como de las prestaciones sociales que ofrece el sector público, y también de las posibilidades de acceso a los bienes públicos.

No obstante, para que el bienestar sea inclusivo, es decir, que alcance a la mayor parte de la sociedad, es necesario lograr una adecuada distribución de la renta, ya que la desigualdad en el reparto de la misma se traduce en una mayor vulnerabilidad de determinados colectivos ante el riesgo de pobreza y de exclusión social.

Existen diversas circunstancias que limitan la capacidad de los hogares para obtener ingresos o que alteran significativamente su patrón de gasto, dificultando que puedan mantener unas condiciones de vida dignas. En este sentido, el papel de las prestaciones sociales como instrumento redistributivo contribuye (junto con el sistema impositivo) a avanzar en el objetivo de reducir la desigualdad y de incrementar la protección social de estos grupos vulnerables.

La creciente preocupación por esta cuestión se pone de relieve en el marco de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que la Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 hace referencia de forma expresa a los objetivos de Fin de la pobreza (ODS 1) y de Reducción de las desigualdades (ODS 10). En concreto, entre sus metas destacan las relacionadas con garantizar la protección social de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad social mediante la implementación de sistemas y medidas que logren una amplia cobertura y permitan lograr una mayor igualdad.

Prestaciones sociales: tipología y riesgos cubiertos

Las políticas públicas de protección social contribuyen a mantener los niveles de renta de las personas mediante el diseño e implementación de un sistema de prestaciones destinadas a cubrir distintas situaciones que pueden ocasionar carencias en términos de ingresos: jubilación; desempleo; enfermedad, discapacidad e invalidez; supervivencia (viudedad y orfandad); vivienda; familia; exclusión social.

Estos instrumentos de carácter redistributivo pueden articularse atendiendo a una tipología diversa en función de las características de las prestaciones y de los criterios de exigibilidad que se establecen para acceder a las mismas. A grandes rasgos, es posible destacar los siguientes tipos de prestaciones sociales:

• Monetarias o en especie: si se trata de prestaciones que se reciben en efectivo y se integran en la renta disponible (jubilación, desempleo, invalidez, etc.) o, en cambio, se proporciona el servicio directamente a los beneficiarios (educación, sanidad, atención a las personas mayores, dependencia, etc.).
• Contributivas o no contributivas, en función de si se requiere o no que los beneficiarios hayan realizado previamente aportaciones al sistema a través de cotizaciones sociales durante el desarrollo de una actividad laboral.
• Condicionadas o no condicionadas a renta: dependiendo de si los criterios de elegibilidad establecen como límite para acceder a las prestaciones que los individuos, o en su caso el hogar, se encuentren por debajo de unos niveles de ingresos determinados.

Conviene reseñar que la política de protección social guarda cierta relación con el modelo de estado de bienestar de cada país, que está condicionado por aspectos sociales y culturales. España puede identificarse con el modelo mediterráneo, caracterizado por un sistema de protección social asistencial y en el que las prestaciones públicas complementan el papel social que hacen las familias. Otros modelos destacados en el ámbito europeo son el continental (basado en la Seguridad Social y en un sistema contributivo), el anglosajón (protección social limitada y mayor peso del sector privado) y nórdico (sistema de protección público universal con prestaciones elevadas).

Así pues, la efectividad del sistema público de prestaciones sociales para reducir la desigualdad y la pobreza puede presentar diferencias significativas en función del enfoque de cada país y de la distinta sensibilidad hacia los aspectos clave en su implementación: filosofía o principios de aplicación; condiciones de elegibilidad de los beneficiarios; cuantía; y tipología de las prestaciones.

Efectos sobre la desigualdad y la pobreza

La evaluación del impacto de las políticas públicas de protección social puede abordarse desde dos perspectivas. Por un lado, mediante el análisis de indicadores que relacionan las medidas adoptadas con su orientación hacia los objetivos de progresividad de las prestaciones y redistribución de la renta:

• El esfuerzo realizado mediante el gasto público destinado a la política de protección social sobre el PIB y, especialmente, el correspondiente a prestaciones dirigidas a colectivos vulnerables.
• La tasa de adecuación, que relaciona la cuantía de las prestaciones con la línea de pobreza (60% de la mediana de la renta disponible) y permite conocer en qué medida las prestaciones contribuyen por sí mismas a alcanzar los ingresos necesarios para superar el umbral de pobreza.
• La tasa de cobertura, que mide el alcance de las prestaciones relacionando el número de perceptores sobre el total de personas en situación de vulnerabilidad.

Por otro, la importancia de las prestaciones sociales como instrumento redistributivo se pone de manifiesto al considerar los resultados obtenidos de su aplicación. La información de Eurostat revela que la desigualdad de la renta disponible antes de prestaciones, medida por el índice de Gini (con valores entre 0, máxima igualdad, y 1, máxima desigualdad), alcanzaba en España un valor de 0,48 en 2019, reduciéndose hasta 0,33 después del impacto de las prestaciones. Asimismo, la tasa de pobreza se situaría en el 26,9% sin el efecto de las prestaciones, y disminuye hasta el 20,7% después de incluirlas.

En definitiva, la política de prestaciones sociales contribuye a reducir la desigualdad y la pobreza, si bien, en ambos casos, se registran valores comparativamente elevados con relación a otros países europeos. Según el Banco de España, el grado de redistribución que alcanza el sistema público español es inferior al de la media de la UE.

En un contexto como el actual, marcado por los efectos de la pandemia que están acentuando las desigualdades, es necesario afrontar el reto de lograr políticas más redistributivas, con prestaciones sociales más progresivas, destinadas a los grupos de población con menos recursos y aumentando la cobertura y la cuantía de las mismas, como complemento a las actuaciones realizadas en otros ámbitos como el mercado laboral y el sistema impositivo.