La lucha contra la pobreza y la exclusión social ha ocupado un lugar preponderante en la agenda política internacional, reforzándose a raíz de la crisis financiera de 2008. En 2010 la Unión Europea aprobó la Estrategia 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, donde la reducción de la pobreza y la exclusión social era uno de sus cinco objetivos principales. Posteriormente, en 2015, Naciones Unidas la incluía como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Cómo se mide la pobreza y la exclusión social
La pobreza puede medirse de diferentes formas, según la dimensión a la que se refiera. En el marco de la Estrategia 2020, se cuantifica a través del índice AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion), que recoge la población en riesgo de pobreza o exclusión como aquella que se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:
1. Pobreza en términos monetarios, cuando sus ingresos anuales están por debajo del 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo, que se obtienen como el cociente entre los ingresos totales del hogar y el número de personas que lo conforman,
2. En situación de carencia material severa, si vive en hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, no tiene capacidad para hacer frente a gastos imprevistos o ha tenido retrasos en el pago de la hipoteca, alquiler o suministros, entre otros conceptos con un mínimo de cuatro,
3. Cuando los miembros del hogar en edad de trabajar están en situación de desempleo o trabajan a tiempo parcial menos del 20% de la jornada laboral.
La situación en España
En el caso concreto de España, según los últimos datos publicados por el INE, en 2019 el 25,3% de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone 11,8 millones de personas. En términos monetarios, la pobreza alcanzó a un 20,7%, en tanto que la carencia material severa no llegó al 5%. Por su parte, la población conviviente en hogares con baja intensidad laboral fue de alrededor de un 11%. El 1,4% de la población española reunía las tres condiciones anteriores.
En términos comparativos, el porcentaje de población en situación de pobreza o exclusión social en España se sitúa casi cuatro puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea.
En lo que respecta a su evolución temporal, desde el inicio de la recuperación en 2014 la pobreza se ha reducido en alrededor de cuatro puntos, si bien todavía se mantiene por encima del nivel registrado en 2008. El aumento del empleo y del nivel educativo de la población son dos de los factores que permiten explicar esta mejora de los datos.
Atendiendo a las características socioeconómicas de los individuos en situación de pobreza, se identifica un patrón común: personas en desempleo o con baja intensidad laboral y un nivel de formación bajo. Asimismo, se aprecian diferencias significativas en función de la edad y el género, siendo los niños y las mujeres los colectivos más vulnerables. En lo que respecta a la estructura familiar, la pobreza es especialmente acuciante en los hogares unipersonales con menores a cargo.
Redefiniendo metas: el impacto del COVID-19
Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, cabe esperar un incremento de los niveles de pobreza y exclusión social, fundamentalmente por el aumento del desempleo. Por ello, con el fin de evitar que la situación actual se agrave, se han puesto en marcha medidas de sostenimiento del empleo y mantenimiento de rentas que permitan proteger a los colectivos más vulnerables.
A largo plazo, las actuaciones se centran en aquellos factores que inciden de forma más directa en la pobreza y la exclusión social, favoreciendo las políticas activas de empleo, una educación de calidad y más accesible y una mayor adaptación de esta última a las demandas del mercado de trabajo.
