El cooperativismo agrario factura en España más de 30.000 millones de euros al año, registra más de 100.000 empleos y aglutina a más de un millón de socios. Estos datos son más que suficiente, y de justicia, para que se reconozca la importancia de este tipo de asociacionismo, desconocido para muchos, y tan ligado a las zonas rurales.
Hay historiadores que remontan a finales del s.XIX el origen del desarrollo de las cooperativas agrarias ante la necesidad surgida entre los agricultores europeos de agruparse como medida de defensa por las crecientes importaciones de alimentos desde los nuevos territorios colonizados con unos precios muy inferiores a los existentes en el viejo continente. De esta forma consiguieron reforzar su posición, por un lado, en la negociación ante los proveedores suministradores de inputs, y por otro, en la defensa de mejores precios de sus producciones al concentrar la oferta.
La evolución mundial de este tipo de sociedades ha sido muy dispar y ha estado muy condicionada por factores tan diversos como el grado de apuesta de los propios estados por su desarrollo en cada momento, la facilidad en el acceso al crédito, la religión predominante, la titularidad de la tierra, tipos de cultivos predominantes e incluso el nivel cultural y de alfabetización de los agricultores y ganaderos en cada país.
Desarrollo del cooperativismo agrario
Fue a principios del siglo XX cuando este tipo de asociacionismo tuvo un importante impulso y desarrollo en España con la Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906 que promocionaba, entre otras actividades, la compra en común de medios productivos, la concentración de la comercialización, el uso y creación de instalaciones y servicios conjuntos.
La relación que mantienen los socios cooperativistas con la propia cooperativa es de diversa índole. Por un lado, una relación comercial con el compromiso de entrega de sus producciones, por otro, una relación de gestión con la participación en la toma de decisiones sobre su funcionamiento, estrategia y políticas a seguir, y, por último, una relación de propiedad al ser dueños de la propia cooperativa.
A lo largo de los años fueron adaptándose y evolucionando en consonancia a los cambios políticos, aunque, a veces, el alto proteccionismo del Estado provocaba una menor búsqueda de beneficios empresariales y, por consiguiente, una baja competitividad de éstas.
Finalmente, el Mercado Común Europeo, la globalización, la digitalización, el cambio climático, la internacionalización, etc. han abocado a las cooperativas agrarias a adaptarse a los nuevos tiempos y, por tanto, a una forma de gestión más técnica, profesional y orientada al mercado.
España, segundo país europeo en número de cooperativas agrarias
En la actualidad, España es el segundo país de Europa en número de cooperativas agrarias, por detrás de Italia, y el tercero en socios y empleados.
La propia Constitución Española hace mención a este sistema cooperativo en su artículo 129 apartado 2: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.”
La principal entidad de asociacionismo en el sector agrario son las Cooperativas Agrarias, pero también se han desarrollado Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), Cooperativas de utilización de maquinaria agraria (CUMAS) y Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra (CEC).
Territorialmente, en España, su evolución ha sido muy dispar. Concentrándose más de la mitad, de las más de tres mil existentes en la actualidad, en Andalucía, Castilla La Mancha y Castilla León, teniendo gran parte de su justificación el ser las comunidades autónomas con mayores hectáreas de cultivo en explotación.
Aunque siguen presentando un alto grado de atomización, en la última década, debido a las necesarias concentraciones y fusiones, el número de cooperativas ha disminuido en torno al 8%, sin embargo, su evolución económica no ha dejado de crecer tanto en términos de producción final agraria como de facturación, comercio exterior y empleo. Ganando con ello en importancia socioeconómicas en el país y desarrollando un papel fundamental e imprescindibles en las zonas rurales, jugando un gran papel en la mitigación de los efectos de la despoblación y favoreciendo el relevo generacional.
Los principales sectores tanto en número de cooperativas como en facturación son las de suministros, olivar y frutas y hortalizas. Y aunque en España existen grandes cooperativas, dentro del top ten de las veinticinco cooperativas por volumen de facturación de Europa no existe ninguna española, destacando cooperativas de Alemania, Países Bajos y Dinamarca donde predomina el modelo cooperativo nórdico en los que prevalecen cooperativas de grandes dimensiones y excelentes ratios de eficiencia y donde hay cooperativas que, con más de diez mil millones de euros de facturación, multiplican por diez la facturación de las mayores cooperativas españolas.
A pesar del paso de los años, el cooperativismo agrario continúa ofreciendo en la actualidad las mismas funciones y servicios básicos para el que fue creado en sus orígenes y hay que reconocerle la importante repercusión en la evolución y desarrollo de los agricultores y ganaderos que lo impulsaron bajo un alto grado de confianza entre ellos que les ha permitido acceder a inversiones importantes, posicionarse en la cadena agroalimentaria, incrementar el valor añadido de sus producciones, ejecutar planes de comercialización internacional, creación y posicionamiento de marcas, desarrollo de proyectos de I+D+i, etc. y un sinfín de actividades que hubiesen sido imposible acometer por parte de los agricultores y ganaderos de manera individual.
