España está siendo uno de los países más afectados por la crisis generada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, un brote que a mediados de marzo fue calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que ha provocado una gran crisis de salud pública a nivel mundial con millones de contagiados y decenas de miles de fallecidos. El impacto económico provocado por esta crisis sanitaria de COVID-19 también se ha dejado notar con fuerza ya que ha habido que tomar medidas para frenar la propagación del virus.
El incremento exponencial de contagios en la segunda semana de marzo en España llevó al Gobierno del país a decretar el pasado 14 de marzo el estado de alarma, que ha sido prorrogado en varias ocasiones. Esto ha supuesto la puesta en marcha de medidas extraordinarias y sin precedentes en la historia reciente, como la limitación de movimientos y confinamiento de la población en sus hogares y la paralización parcial, y en algunos casos total, de actividades productivas. Similares decisiones se han tomado en otros países, aunque España se sitúa entre los países que han tomado medidas más restrictivas.
Efectos económicos de COVID-19: caídas históricas del PIB
Indudablemente, estas medidas tienen un fuerte impacto en la actividad económica. Así, estimaciones recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) señalan que el Producto Interior Bruto (PIB) mundial podría descender este año un 3%, una caída mucho mayor que la registrada durante la crisis financiera de 2008-2009. La recesión será generalizada y especialmente intensa en las economías avanzadas, con una mayor contracción en la Zona Euro.
Dentro de la Zona Euro, la caída de la producción será más elevada en Italia y España. En concreto, la economía española podría registrar una caída del 8% este año, en tanto que la tasa de paro aumentaría hasta el 20,8%, estimaciones no muy alejadas de las anunciadas recientemente por el Gobierno (-9,2% de caída prevista del PIB y tasa de paro del 19%). No obstante, de entre los tres escenarios que publicaba recientemente el Banco de España, lo más realista en estos momentos parece apuntar a una caída entre el 9,5% y el 12,4%. España sería así una de las economías más afectadas, algo ligado en gran medida a su propia estructura productiva, con más peso del sector servicios y, en particular, de la actividad turística, una de las que sufre con más intensidad esta crisis.
Medidas para intentar paliar los efectos de la crisis de COVID-19
Ante esta situación y para intentar paliar, en la medida de lo posible, el impacto de la crisis sobre el crecimiento y el empleo, el Gobierno ha aprobado varios paquetes de medidas urgentes con el fin de proteger a familias, trabajadores, autónomas y empresas, facilitar la recuperación una vez superada la emergencia sanitaria y reforzar la lucha contra la enfermedad.
Estas medidas podrían sintetizarse a grandes rasgos en cinco bloques:
- Medidas para reforzar el sistema sanitario y apoyo a la investigación sobre la Covid-19;
- Medidas de apoyo al sector empresarial, para garantizar la liquidez y la estabilidad de las empresas;
- Medidas para flexibilizar la economía, preservar el empleo y apoyar a los trabajadores;
- Medidas de apoyo a las familias y colectivos vulnerables; y
- Gestión eficiente de las Administraciones Públicas y otras medidas.
El primer plan se aprobó en el Consejo de Ministros del 12 de marzo mediante un Real Decreto-Ley que recogía acciones para reforzar el sector sanitario, proteger el bienestar de las familias y apoyar con liquidez a las empresas afectadas, en especial del sector turístico y las PYMES. Sin embargo, fue en el Consejo de Ministros del 17 de marzo cuando se aprobó un paquete de medidas más amplio (Real Decreto-Ley 8/2020), que podría movilizar hasta 200.000 millones de euros de créditos. Posteriormente, se han venido aprobando otras medidas que profundizan en algunas ya anteriormente adoptadas y/o amplían su cobertura.
En concreto, y respecto a las medidas de apoyo al sector empresarial, para garantizar la liquidez y la estabilidad de las empresas, la más relevante es la destinada a garantías de crédito (100.000 millones de euros), a la que se une el aplazamiento y fraccionamiento del pago de impuestos para empresas y autónomos, o las bonificaciones para contratos fijos discontinuos.
En cuanto a las medidas para flexibilizar la economía, preservar el empleo y apoyar a los trabajadores destaca la simplificación de los procedimientos de los ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y la ampliación de las condiciones de acceso a las prestaciones, así como la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos.
Igualmente, se han puesto en marcha medidas de apoyo a las familias y colectivos vulnerables, como la moratoria en el pago de préstamos hipotecarios, suspensión de desahucios o prórroga automática de contratos de alquiler y protección de inquilinos. Asimismo, se debate actualmente sobre la idoneidad de la puesta en marcha de una renta mínima, que parece que se está perfilando por parte del Gobierno.
Efectos económicos de COVID-19: fuerte incremento del déficit público
En general, todos los países están destinando recursos al apoyo de empresas y trabajadores, con suspensiones o diferimiento de pagos de impuestos y garantías de crédito para las empresas, aunque con diferencias. En España, las medidas fiscales cuentan con menos recursos que en otros países, al igual que ocurre con las garantías de crédito y moratorias, aunque estas alcanzan un nivel elevado.
No hay que olvidar que las medidas puestas para mitigar los efectos del COVID-19 van a provocar un fuerte repunte del déficit público, que el FMI estima cercano al 10% para el conjunto de la economía mundial, y que en el caso de España podría superar el 10%, según las últimas estimaciones incluidas en el Plan de Estabilidad remitido a la Comisión Europea. Esto, sin duda, condicionará las políticas a medio plazo, ya que, una vez se disipen los efectos de esta crisis, será necesario afrontar la reducción de este déficit.
